Que el Padre Pierre desde su
columna en el periódico gubernamental “El Telégrafo”, no nos pinte las cosas
tan lindas…
La Relatoría para la Libertad de Expresión
transmite al Gobierno de Correa su preocupación por las restricciones a la
libertad de prensa
El País, España, 29 de junio de 2013.-La Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de
la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha alertado de las
restricciones que para la libertad de expresión y de prensa se derivarán si
entra en vigor la Ley de Comunicación aprobada por Ecuador
el pasado 14 de junio. Su responsable, Catalina Botero, insta en una carta
remitida al ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, que
adecue la disposición a los estándares internacionales en materia de libertad
de expresión.
“La
ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión”, señala el documento remitido por la
relatoría. “No obstante, al regular dichos principios, la ley establece
gravosas restricciones que hacen que resulten prácticamente ineficaces”.
La relatoría manifiesta su preocupación por el excesivo
control sobre los medios que la norma atribuye a la Superintendencia de
Información y Comunicación y por la existencia de un régimen sancionador con
obligaciones “ambiguas”, “exorbitantes” y “desproporcionadas”
A
lo largo de los 12 folios de los que consta la carta, la relatoría manifiesta
su preocupación por el excesivo control sobre los medios que la norma atribuye
al organismo denominado Superintendencia de Información y Comunicación y por la
existencia de un régimen sancionador con obligaciones “ambiguas”,
“exorbitantes” y “desproporcionadas”, que podría amenazar la existencia de
medios de comunicación pequeños o más débiles y “crear un efecto intimidatorio
incompatible con una sociedad democrática”.
Sobre
ese efecto intimidatorio se insiste en varias ocasiones en el documento cuando
se alerta sobre la nueva figura jurídica del
“linchamiento mediático”, cuya aplicación podría derivar en una mordaza para la
libertad de información. “Cualquier denuncia sostenida de corrupción que pueda
conducir a la reducción de la credibilidad pública de un funcionario público
podría ser calificada por el organismo administrativo competente como
“linchamiento mediático” y ser objeto de las correspondientes sanciones”,
señala Botero en la carta. En esa misma línea, se denuncian los estímulos a la
autocensura que se esconden en la norma. “La ley prohíbe expresamente la
autocensura, pero establece incentivos muy fuertes para que los periodistas,
editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones
desproporcionadas como medida de protección frente a la posibilidad incierta de
ser objeto de las sanciones que la ley establece”.
Se alerta sobre la nueva figura jurídica del
“linchamiento mediático”, cuya aplicación podría derivar en una mordaza para la
libertad de información
Uno
de los puntos sobre los que la carta llama la atención al Gobierno dirigido por Rafael Correa es el relativo a la
extensión del deber de reserva respecto de la información pública clasificada,
tanto a terceros no vinculados al Estado como a los medios de comunicación, que
se incluye en la norma. Una circunstancia que, en Ecuador, convertiría en
responsable legal a Julian Assange, a quien ese país ha concedido asilo y mantiene alojado en
su Embajada de Londres, y, por supuesto, a Edward Snowden,
quien también ha solicitado refugio a
Ecuador,
ya que trabajaba bajo una subcontrata para el Gobierno estadounidense cuando
sustrajo los programas de espionaje de la Administración que luego filtró.
“Bajo ninguna circunstancia los periodistas, integrantes de medios de
comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan
información reservada por considerarla de interés público, deben ser sometidos
a sanciones por por violación del deber de reserva”, denuncia Botero.
En
los últimos años, el Gobierno de Ecuador ha sido especialmente beligerante con
la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH, que se ha mostrado muy
crítica con la situación de la libertad de expresión en ese país. Patiño y
Correa han acusado a esta relatoría de contar con demasiados privilegios en
relación a otras -por su carácter de especial se financia con recursos
externos- y durante los debates para la reforma del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos presionaron, junto con el resto
de países del ALBA, para eliminar la posibilidad de financiación externa de las
relatorías, una decisión que otros Estados, además de organizaciones de
derechos civiles, consideraron como un intento de debilitar a esa relatoría,
abocándola a su desintegración al acabar con su fuente ingresos. Finalmente,
la OEA acordó mantener la posibilidad de
vías exteriores de financiación.
Hay
que saber que Catalina Botero tiene una vasta carrera en defensa de los
Derechos Humanos y numerosos libros, artículos y reconocimientos por su actuación
en pro de la libertad de expresión. Otro dato importante: “El País”, que
publica esta noticia, es un periódico de izquierda.
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